Una gran polémica e indignación colectiva desató la noticia de que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos exentos que otorgan rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. En ese período, el promedio es de un decreto cada tres días. Solo una solicitud fue rechazada, en un caso de abuso sexual de menor. Las cifras constan en una respuesa a solicitud de acceso a la información de Interferencia.
Pese a que el La Moneda calificó la noticia de “malintencionada”, diversos medios dieron a conocer que no serían los únicos casos de reducción de condenas, sino también se han dictado a la fecha otros tres decretos exentos por delitos de extrema gravedad como tortura y secuestro calificado.
Entre los casos mencionados, figuran dos decretos otorgados a condenados recluidos en el Centro de Detención preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco, lugar de reclusión de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que cometieron delitos de lesa humanidad. Uno de ellos es un condenado por secuestro calificado y el otro por el delito de tortura.
A ellos, se sumaría un caso adicional de un preso que no se encontraría recluido en el penal ubicado en la zona norte de Santiago, pero cuya condena también estaría circunscrita a un delito de extrema gravedad.
“Lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo”, sostuvo el secretario de Estado, Fernando Rabat, quien inicialmente presentó las decisiones como cumplimiento de sentencias judiciales.
La explicación dejó abierta una controversia en materia jurídica y, por supuesto sembró la indignación entre distintos actores de la sociedad, entre ellos y sobre todo agencias, fundaciones y entidades protectoras de la infancia y los derechos humanos.