Óscar Ramírez, Andrea Estrada, Olimpia Riveros y Claudia Arriagada pidieron al organismo pronunciarse sobre el punto de prensa del 29 de octubre, convocado desde la Alcaldía en horario laboral y realizado en el edificio consistorial para defender a una dirigente del partido del jefe comunal.
Cuatro concejales de Concepción presentaron este jueves ante la Contraloría Regional del Biobío una denuncia contra el alcalde Héctor Muñoz Uribe por eventual infracción a los principios de probidad administrativa y prescindencia política, tras el uso de dependencias, personal y símbolos municipales en una actividad de carácter político-partidista.
«Nos trataron de mentirosos y eso no lo vamos a permitir. Hubo una reunión en el municipio de Concepción y luego un punto de prensa. Es por eso que le hemos consultado a la Contraloría si corresponde que se hable del Partido Social Cristiano de Chile en horario laboral y en dependencias municipales, convocadas por un funcionario municipal», señaló el concejal Óscar Ramírez. «Es la Contraloría la que hoy debe determinar si esto está conforme a las leyes y al estatuto jurídico chileno», agregó.
Los hechos denunciados por los ediles ocurrieron tras los incidentes provocados por Muñoz en el Gobierno Regional, encabezando un punto de prensa en el quinto piso del edificio municipal para referirse a su accionar durante el Congreso de las Regiones y manifestar su defensa a una dirigenta de su partido político.
«Lo que buscamos es que la entidad competente se pronuncie respecto de la pertinencia en el uso de recursos públicos; en este caso, un edificio municipal donde hubo una actividad que no tenía ninguna relación con temas municipales ni ciudadanos», explicó la concejala Andrea Estrada.
La pauta fue enviada a los medios por equipos de prensa municipales con el motivo de «comentar los hechos acontecidos esta mañana en el Gobierno Regional». En dicha vocería, Muñoz defendió a la edil de Talcahuano, a quien presentó como «la vicepresidenta nacional de mi partido», y anunció que su molestia se replicaría en las redes de los militantes de su colectividad. Antes, según reconoció esa misma jornada, se realizó en las dependencias del municipio una reunión con parlamentarios, consejeros regionales, seremis, concejales de otras comunas y funcionarios públicos, todos del mismo partido político.
Para la concejala Olimpia Riveros, se trata de un hecho que debe esclarecerse: «Hoy hemos presentado una denuncia por el mal uso de los bienes públicos, cuando el alcalde realiza un acto partidario y llegan distintos seremis a prestarle su apoyo. Nos parece que es algo que debe ser investigado y es lo que hemos presentado ante Contraloría».
En tanto, la concejala Claudia Arriagada añadió que «el alcalde tiene todo el derecho de militar en un partido político y de desarrollar actividades de carácter partidista, pero no se pueden confundir las dependencias municipales con un espacio de partido o una sede partidaria».
Los ediles pidieron a la Contraloría:
- Declarar que los hechos vulneran los principios de juridicidad, probidad y prescindencia política, e instruir al alcalde abstenerse de usar dependencias o recursos municipales en actividades partidistas.
- Requerir al municipio un informe sobre quién autorizó la convocatoria, qué bienes y funcionarios se utilizaron y qué asesoría jurídica municipal se prestó.
- Pedir la nómina de autoridades asistentes a la reunión en Alcaldía y verificar si los funcionarios públicos contaban con permiso para ausentarse en horario hábil.
- Instruir un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
La presentación recuerda que la prohibición de realizar actividad política en el ejercicio del cargo rige de forma permanente, no solo en períodos electorales, y cita precedentes como el de la exalcaldesa de Cerrillos, sancionada por reuniones políticas en dependencias municipales o el fallo de la Corte Suprema que confirmó la destitución de un funcionario del Gobierno Regional del Biobío por actividad política en horario laboral, entre otros antecedentes.